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¡Implementación YA de la ley Brisa!

El grupo “Familiares de Víctimas por Femicidio” exigen a más de un mes de la aprobación de la Ley Brisa en el Congreso una pronta implementación.

Desde 2009 en Argentina hubo 2384 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas. 2919 hijas e hijos quedaron sin madre como consecuencia de la forma más extrema de la violencia machista.

Los datos se desprenden de un relevamiento de la ONG Casa del Encuentro. El 63 por ciento de los hijos e hijas del femicidio eran menores de edad.

Detrás del reclamo por la implementación están organizados un grupo de “Familiares de Víctimas por Femicidio” que empezaron a juntarse para proponer políticas públicas alrededor de la temática.

La ley Brisa ingresó en 2016 en el Congreso. Desde entonces visitaron diputados y diputadas de diferentes bloques, les llevaron sus historias de vida, cifras y materiales. Trabajaron para dar a conocer la importancia de esta legislación y ahora están alertas porque saben que es una ley urgente.

Los “Familiares de Víctimas por Femicidio” se organizaron para conseguir consensos y aportar su mirada en la construcción de la Ley Brisa.

 

Qué dice la ley

La ley llegó al recinto bajo la orden de tratamiento 27-S-17 de ley en revisión Régimen de Reparación Económica para las Niñas, Niños y Adolescentes de Violencia Intrafamiliar y o de género. Con 203 votos, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó por unanimidad la ley Brisa el 4 de julio de 2018. A fines de ese mismo mes fue promulgada en el Boletín Oficial. Pero el Ejecutivo todavía no la implementó.

La norma, que ya venía con media sanción, establece una reparación económica mensual, equivalente a una jubilación mínima, para hijas e hijos de víctimas de femicidios en todo el país.

Crea un régimen de reparación económica para niñas, niños y adolescentes, que hayan perdido a alguno de sus progenitores por violencia intrafamiliar o de género. La reparación económica será equivalente a una jubilación mínima, que hoy ronda los 8.000 pesos y comienza a regir desde el momento del procesamiento del victimario.

Está destinada a personas menores de 21 años o con discapacidad, y es retroactivo al momento de la comisión del asesinato.

 

 

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